Este 2 de Julo entró en vigencia el nuevo código que
rige las relaciones de los administrados y el Estado, que contiene
además las exigencias a los servidores públicos. Tal vez en muchos años no se
había concebido un código que observara la técnica jurídica propia de su
elaboración. Por ello no se puede decir
que su estudio hubiese sido descuidado, como las normas que inquietan a
gobernantes y conjuntamente a quienes representan la división tripartita de la democracia.
Se elaboró con referencia a la tradición doctrinaria y jurisprudencial que en
el tiempo se ha desarrollado con esmerado cuidado, porque tratándose de la
solución de los conflictos entre los administrados y la ciudadanía, reivindicó a
esta y el estado tiene precisiones que procuran evitar que la posición dominante que
tienen los funcionarios, no trascienda en perjuicios irremediables y a su vez
se prevenga cualquier conducta contraria a los principios que se enuncian y
definen.
Una orientación
especial se hace con la elaboración y definición de principios importantísimos en
su definición, que tendrán que observar quienes representan al Estado,
desarrollando eficientemente los parámetros constitucionales y si se quiere,
con orientaciones didácticas. Leer más